Mientras avanza la idea de una reforma laboral que, a priori, restringirá los derechos de las asalariados, Santa Fe siente con fuerza la recesión económica y su impacto directo en el trabajo. Las estadísticas preliminares de la provincia anticipan que el 2017 terminará con una conflictividad laboral bastante más alta que en 2016, cuando se dispararon los despidos y las suspensiones.

Los procedimientos preventivos de crisis, que el ministerio de Trabajo pone en marcha cuando una industria o empresa se declara en problemas, son siempre un buen termómetro para cuantificar la crisis que atraviesa el mercado laboral. En 2015, la provincia aprobó 70 acciones de auxilio para firmas con problemas económicos o financieros. En 2016 fueron 175. La proyección marca que en este 2017 la cifra cruzará la barrera de los 200.

La intervención del Estado provincial se tradujo en la conservación momentánea --estos procedimiento funcionan como una especia de salvataje hasta que las empresas puedan reactivarse-- de 20 mil puestos laborales, el doble que en 2016. 

Más empresas inscriptas en un concurso preventivo de crisis significan más fuentes laborales en peligro. Santa Fe tiene casi 500 mil empleos en blanco, de los cuales 118 mil los pone el sector manufacturero industrial y 94 mil el comercial, minorista y mayorista. La mitad de los asalariados registrados se desempeñan en estos dos grandes rubros.

Son pocos los rubros que lograron campear la tormenta. Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), de los 21 productos industriales locales con más participación en la producción nacional, 17 mostraron retrocesos interanuales respecto a 2016.

Los números del poder Ejecutivo van en sintonía con los datos recolectados en la legislatura provincial respecto a la cantidad de proyectos elaborados para intentar amortiguar esta caída.  Según un estudio del Observatorio Legislativo del Frente Social y Popular, los conflictos laborales fueron "un tema recurrente en la actividad legislativa de la Cámara de Diputados de Santa Fe". Un total de 81 proyectos se presentaron de marzo a octubre en torno a esta preocupación, contra 52 del 2016.

Los últimos casos

Días atrás, la distribuidora Andina S.A, ubicada en la zona sur de Rosario, despidió a 19 fleteros. La firma tiene sucursales en Rosario, Casilda y Rafaela con distribución de agua, gaseosas y vinos a supermercados, almacenes y restaurantes, entre otros negocios. 

“Todos los repartidores hace más de 10 años que estamos en la empresa. Muchos heredamos el puesto de nuestros padres”, aseguró Nelson Quintana, uno de los trabajadores despedidos. Tiempo atrás, los fleteros de esta empresa cobraban mil pesos por día. En los últimos meses la cifra bajó a más de la mitad.  

En Unilever, firma que fabrica en Villa Gobernador Gálvez jabones en polvo que sirven de componentes para las marcas como Lux, Ala, Brillante, Drive o Cif, el panorama sigue siendo desalentador tras la ratificación de los 65 trabajadores anunciados semanas atrás. Sus representantes afirmaron ante el Ministerio de Trabajo de Rosario que seguirán llevando adelante el "plan de restructuración", una vez que termine el plazo de la conciliación obligatoria que vence el 13 de noviembre, por lo que no se descartan nuevas cesantías.

Damian Uncos, tesorero del Sindicato de Jaboneros, alertó sobre una situación que puede ser aún más grave: "Quieren un plantel de 180 personas cuando hoy hay 270, es muy posible que haya nuevos despidos", explicó con preocupación.

La incertidumbre también alcanza por estas horas a los operarios de Vassalli, una fábrica de cosechadora líder de la región. La empresa pretende deshacerse de 120 empleados a través de retiros voluntarios, pero tanto el gremio como los propios trabajadores no están de acuerdo.

“Estamos ante un escenario donde la firma sigue generando grandes ganancias. No hay motivos válidos para desprenderse de trabajadores. Esto es una muestra de la reforma laboral que se viene”, planteó el abogado del gremio la UOM, Pablo Cerra. 

Hace tres semanas diez empleados Modelar, una matricera ubicada en Arroyito, se encontraron con las puertas de la planta cerradas y con la novedad de sus despidos. Al no ver ninguna luz al final del túnel, pidieron al gremio y a la cartera laboral que no intercedieran para evitar el desgaste emocional de empezar con un plan de lucha. "Saldremos ya mismo a buscar trabajo y hacer changas para subsistir", se lamentaron los operarios.

Una larga lista de despidos 

En el informe del observatorio Legislativo del Frente Social y Popular se citan algunos de los despidos masivos en este 2017 en Santa Fe. Agrana Fruit, multinacional de procesamiento de fruta de Coronda con 55; la productora de biodiesel de San Lorenzo Bravo Energy con 35; el Frigorifico Vicentín de Villa Ocampo que dejó 115 trabajadores en la calle tras su cierre; el Sanatorio Saladillo que dejó a 35 trabajadores de la salud sin trabajo; los 100 puestos de Ultrapetrol en Alvear; y 45 cesantías en diferentes industrias del calzado de Rosario (Jandy y La Huella), Acebal (Pirri), y Zavalla (Primeros Pasos ).

Al resumen le faltan otras conflictos emblemáticos como el de Sancor, la histórica fábrica de quesos Magnasco de Santa Isabel, el cierre de Mefro Wheels (en proceso de reapertura) y las suspensiones en General Motors.

La caída del consumo y la apertura de las importaciones, asoman a juicio de este informe, como dos factores decisivos en este difícil contexto laboral. 

"Las importaciones volvieron a ser uno de los causales principales del cierre de varias de las empresas que en nuestra provincia dejaron a trabajadores sin su fuente laboral. Los rubros afectados por la apertura indiscriminada de importaciones van desde el calzado pasando por el rubro textil, el de fabricación de muebles, de ventiladores de techo, de procesamiento de fruta y hasta de vidrio como es el caso del peligro de cierre de la cooperativa Vitrofin de Cañada de Gómez, afectada además como todas por la caída del consumo interno y el aumento de tarifas con el consecuente aumento de costos de producción", reza el documento.

Muertes obreras

En medio de la conflictividad laboral por las fuentes de trabajo, la región fue noticia en repetidas ocasiones por la muerte de trabajadores en el sector de la construcción (este lunes falleció un obrero en una obra en construcción en Génova y Avellaneda) y en el complejo agroexportador del gran Rosario. 

"En medio de una avanzada de la legislación anti obrera que pondera como problema de competitividad los juicios laborales, y que presiona en la misma legislatura por la aprobación de las modificaciones a la ley de ART que dificulta la llegada a juicio, el número de fallecimientos por malas condiciones de trabajo abre el interrogante sobre la falta de controles y la negligencia empresaria", reza el informe del FSyP.

El diputado provincial Carlos Del Frade presentó pedidos de informe en la legislatura ante el fallecimiento de Laureano Gomez, de 35 años, en la planta de Bunge (P.G. San Martín), Gustavo Lopez en la empresa china COFCO (Timbues), Brian Monteros, de 27 años, en Renova (Timbues) y Humberto Ledesma quien murió trabajando para la empresa de montajes industriales Verdú en San Lorenzo.