Enargas controlaba poco y mal a Litoral Gas, revela un ex empleado

A Gastón Bruno el ente regulador lo despidió después de que declaró en el juicio por la fatídica fuga de gas y explosión. En diálogo con Rosarioplus.com contó que “se hacían seis auditorías anuales, y con cierta liviandad, en algunos casos eran testimoniales”. Descubrió que los expedientes que iniciaba por irregularidades de la concesionaria se pararon en la Gerencia de Regiones

Cuando ocurrió la tragedia de calle Salta 2141, Gastón Bruno trabajaba en el Centro Regional Rosario del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Antes, este arquitecto rosarino había accedido por concurso como Jefe de Estándares de Calidad del Servicio Comercial de Gas en la sede central de Buenos Aires. Pero, por razones familiares, a mediados del 2012, decidió regresar a la ciudad y sumarse al centro regional como asistente del delegado. Este año, a principios de febrero, lo despidieron “con causa” y allí comenzaron las sospechas que para el arquitecto son “certezas”. Es que el ex funcionario del ente regulador  afirma que su despido estuvo vinculado con su declaración testimonial en la causa judicial en la que se investigan responsabilidades en la explosión que dejó 22 víctimas fatales luego de una fuga de gas y la inmediata voladura del edificio.

“Mi función era netamente comercial, aunque mis conocimientos técnicos eran holgadamente superiores en función a la experiencia de veinte años. Yo oficiaba como asistente del delegado”, describe Bruno en diálogo con Rosarioplus.com. Cuando ocurrió la tragedia, el delegado lo derivó hacia el escenario del hecho, dado que el asistente técnico se dirigía a la localidad de Bombal por tareas programadas con antelación.

“A mí me hubiese gustado poder decir más cosas sobre el funcionamiento del organismo, pero me limité a responder lo que se me preguntó”, revela Bruno en referencia a su declaración en el juicio por la explosión del edificio de calle Salta luego de una fuga masiva de gas. Si bien no lo pudo hacer allí, el 4 de agosto del 2015 ingresó a la Secretaría  de Presidencia de la Nación una carta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner escrita por el ex funcionario. Allí invocó “las consideraciones significativas del desempeño de funcionarios en orden a sus facultades y deberes de funcionarios públicos”. Desde allí, le fueron comunicando cómo la misiva iba pasando de una secretaría a otra hasta que llegó a la Secretaría de Energía.  La carta nunca fue entregada a la ex presidenta de la Nación.

Sobre la declaración testimonial,  Bruno describe que habló “de la cantidad de auditorías que se realizaban desde Enargas hacia la distribuidora Litoral Gas”. Según Bruno, hasta que ocurrió la tragedia sólo se realizaban seis auditorías anuales a la empresa distribuidora del combustible.  En torno a esas fiscalizaciones, existen tres tipos: auditorías internas en propiedades, de odorización (operación que consiste en mezclar con los gases inodoros productos de olor especial para permitir su detección) y controles de fugas.  “Las auditorías tenían cierta liviandad. En algunos casos era hasta testimonial”, denuncia el arquitecto acerca del desempeño del ente regulador que debió controlar a Litoral Gas.

“En algunos casos, desde la Gerencia de origen, e incluso desde la coordinación del centro regional, se sugirieron hacer modificaciones sobre los informes minimizando observaciones, siempre de manera telefónica”. Según Bruno, muchos de los expedientes iniciados por él en los que la distribuidora Litoral Gas presentaba algún tipo de irregularidad, quedaron en el despacho del Gerente de Regiones, por varios años. “Algunos se movieron luego de la tragedia. Eso lo pude seguir gracias al sistema interno de expedientes que tiene el organismo”, asegura.

Bruno sostiene que lo único que han podido encontrar en su legajo como motivo del despido “con causa” es su declaración en el juicio. Claro, en el telegrama de despido no son esos los motivos que figuran sino cuestiones administrativas vinculadas a su desempeño laboral.  “El 8 de agosto del 2015 el interventor me inicia una investigación interna con un abogado externo. Se le pide al delegado que realice un informe”. Sobre el desempeño del ex funcionario, las acciones que aparecen en el informe “son cuasi irrisorias”, desestima.  

En mayo de 2015 él confirmó que en el 2014 las auditorías aumentaron a 19 por año. “Si logro con toda la documentación que tengo llegar a la verdad de que es un despido sin causa, la liquidación –que no sé cuánto va a ser- estará a disposición de los familiares de calle Salta”, ofrece Bruno.

Durante noviembre del año pasado se conoció que la causa que investiga responsabilidades por la tragedia de Salta 2141 irá a juicio oral y público según una resolución firmada por los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga. Familiares de víctimas recibieron con beneplácito la novedad. La decisión de los magistrados está fundada en un pedido de la fiscal Graciela Argüelles, los abogados José Nanni y Paul Krupnik (representantes del ayudante de gasista Pablo Miño) y familiares de las víctimas. La causa había sido instruida bajo el viejo sistema procesal penal, que implicaba juicios por escrito. 

 

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