En Rosario hay más de 30 productoras y un sinfín de profesionales, entre ellos realizadores, actores, técnicos, músicos, guionistas, etc., que trabajan día a día en la industria audiovisual. Este sector pasó en el último año y medio de proyectar estrategias para consolidar su crecimiento a reunirse de urgencia en una asamblea ante los indicios concretos de un posible desfinanciamiento del sector.

La arremetida del gobierno nacional contra las autoridades del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), la campaña mediática lanzada para desprestigiar el organismo y el proyecto de ley presentado en el Congreso para beneficiar impositivamente a las empresas que se reparten el mercado de la comunicación siembra un panorama oscuro en Buenos Aires --principal polo de realización audiovisual --, pero también en las ciudades del interior que apuestan fuerte a la producción cinematográfica.

La primera medida en Rosario para intentar frenar el avance del poder Ejecutivo sobre el Incaa se concretó este lunes por la noche con una concurrida reunión en la Plataforma Lavardén convocada por la Cámara de Empresas Productoras de la Industria Audiovisual de Rosario (Cepiar), creada hace dos años con el fin de agrupar a los productores bajo una misma entidad.

Por un lado, la industria local aprovechó hasta hace poco la inversión privada y la rueda del consumo interno para producir piezas audiovisuales, publicitarias e institucionales, una demanda muy escasa en otros tiempos. Pero también se benefició con la política expansiva del Incaa y de otros fondos estateles como, por ejemplo, Espacio Santafesino, impulsado por el gobierno provincial.

Entre 2012 y 2015 se hicieron varias series de ficción en la ciudad, creció el número de documentales, se activaron desarrollos de películas y se estrenaron muchos cortometrajes en comparación con otros años. “En este contexto de crecimiento es que nace Cepiar. Necesitábamos empezar a trabajar todos juntos”, explica Nicolás Font, vocero de la cámara, en diálogo con Rosarioplus.com.

Hoy, sin embargo, hay otro contexto respecto al que posibilitó aquella piedra fundacional. A la recesión y la poca demanda del mercado (el sector sintió el cimbronazo económico), se le sumó la incertidumbre por las señales que entrega el gobierno nacional de recortes para el sector.

La primera luz amarilla se encendió en febrero cuando el diario La Nación publicó algunos resultados del informe solicitado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne a la consultora liberal FIEL para avanzar en una reforma tributaria. En ese papel --publicado en el Boletín Oficial-- se sugería eliminar el impuesto del 10% de las entradas de cine que se utiliza para financiar parte del Incaa.

La otra sugerencia, que pasó desapercibida en su momento y ahora obra fuerza ante la imprevista reestructuración que pretende hacer la Casa Rosada en el instituto de cine, era la de eliminar el canon que pagan las empresas de comunicación audiovisual para operar en el país, que en la actualidad representa el 60% de los ingresos del Incaa.

“Hay muchos elementos en la mesa para entender las intenciones del gobierno. Recordemos que de un plumazo desarticularon el Afsca y la ley de medios. Estos movimientos de piezas van en el mismo sentido. La preocupación es también federal, los productores de todas las provincias estamos en alerta”, sostiene Font.

El pedido de renuncia del presidente del Inaa Alejandro Cacetta, quien había asumido en diciembre de 2015 con un amplio consenso dentro del sector, y el aviso de “más cambios” al interior del organismo (en las últimas horas se anunció la salida de otros tres directivos y la renuncia de Pablo Rovito, rector de la escuela de cine) vino acompañado de un “fuerte ataque mediático” para desprestigiar el organismo, señalan los productores rosarinos.

“Se quiere instalar la idea de corrupción para que la gente piense que están usando su dinero, lo que es totalmente falso. El Incaa se autofinancia. Esto tiene que quedar bien claro”, puntualiza Font.

Como si fuera poco, en el Congreso descansa un proyecto de Ley de “convergencia digital” que el poder Ejecutivo pretende tratar después de las elecciones de octubre. El bosquejo de la normativa pretende cambiar el status de los “canales de cable” a “compañías de telecomunicaciones” para que de esta forma dejen de pagar el canon establecido hoy por ley, una eximición similar a la que ya se hizo con otros rubros como la minería y la agricultora.

Para calmar las aguas, y ante la denuncia pública de reconocidos actores y directores, el ministro de Cultura Pablo Avelluto desmintió un interés de “reducir, recortar o eliminar” el Fondo de Fomento de la industria cinematográfica. “Lo que nosotros queremos es que la plata del cine llegue al cine y no se pierda en el camino en rincones del Incaa”, respondió ante la lluvia de críticas.

  La asamblea

En una inédita convocatoria, más de 300 personas discutieron en asamblea el presente y el futuro del sector. 

"En los últimos meses a partir de acciones políticas y operaciones mediáticas se ha tratado de instalar en la sociedad un cono de dudas acerca de la legitimidad, legalidad y transparencia del sector cinematográfico. Estas acciones políticas no tienen otro objetivo que desgastar una industria clave en la conformación de nuestra identidad cultural e intervenir en el mediano plazo el Fondo de Fomento a la Industria Cinematográfica", denunciaron los asistentes.

Y resolvieron:1) defender la autarquía del Incaa y la plena vigencia de ley de cine; 2) exigir que no se afecten los mecanismos existentes de financiamiento del Incaa y del Instituto Nacional de Teatro y el Instituto de la Música; 3) defender la ley vigente de servicios audiovisuales y su plena aplicación; 4) Solicitar que se garantice el funcionamiento del Incaa en todos sus planos, asegurando la continuidad de la producción; 5) Solicitar mantener la función formativa Enerc y de fomento del Incaa; 6) repudiar las operaciones de desprestigio del cine nacional; 7) solicitar la federalización de los comités de evaluación y de los jurados de los diversos concursos y convocatorias; y 8) la solidaridad con la lucha de los sectores que hoy se ven afectados por las políticas actuales.

Qué es y cómo funciona el Incaa

El Incaa es un ente público y autárquico, encargado de promover y regular la producción audiovisual en el país y el cine argentino en el exterior. Administra el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), que otorga créditos y subsidios a las películas argentinas y también aporta fondos para la realización de festivales y muestras de cine. Maneja un presupuesto anual más de 2 mil millones de pesos y tiene una planta de 700 trabajadores.

Este Fondo que administra el Incaa proviene, por una parte, del 10% del valor de la entrada que paga el espectador para ir al cine. Aunque se nutre mayoritaria del canon que pagan las empresas concesionarias de radios, canales de televisión abierta y cable --el 0.5% de la facturación total en publicidad-- para poder utilizar las señales que son del Estado y gracias a las cuales esas empresas obtienen su rentabilidad comercial. Estos fondos están conformados por aportes fijos establecidos en porcentajes según la Ley de Cine 17.741, sancionada en 1968 y reformada en 1994 por el Congreso de la Nación.

De avanzar con las dos sugerencias de la consultora FIEL, el gobierno no solo desfinanciaría el Incaa, sino también el Instituto del Teatro y de la Música, que funcionan gracias a estos impuestos.

Película repetida

No es la primera vez que un poder Ejecutivo intenta avanzar sobre la autarquía del Incca. En 1996, el organismo dejó de administrar sus fondos en forma independiente, como estipulaba --y estipula-- la Ley de Cine. El ministerio de Economía, con Domingo Cavallo a la cabeza, comenzó a asignarle una cuota del presupuesto nacional que desde la perspectiva del sector cinematográfico no era proporcional a los recursos generados por la industria. En aquellos tiempos, además, la posibilidad de obtener recursos estaba atada a circunstancias tan azarosas como la relación personal entre el entonces presidente, Carlos Menem, y quien ocupaba la titularidad del Incaa, Julio Mahárbiz.

Como era de esperar, el Incaa acumuló una deuda que atentó contra su funcionamiento. Mientras recibía mínimos recursos en un contexto cada vez más recesivo se veía obligado a otorgar los subsidios que establecía la ley. La autarquía recién se recuperó a fines del 2002 por las gestiones del por entonces director del Incaa, Jorge Coscia (quien continuó en el cargo durante el kirchnerismo), y por el Secretario de Cultura de Eduardo Duhalde, Rubén Stella. “Si no hay autarquía, el cine estará en peligro”, explicaba por aquellos años Coscia.

Algunos números históricos

En 2003, la industria contenía a 50 mil trabajadores. Diez años más tarde esa cifra se duplicó. El dato forma parte de anuario del Incaa de 2013, que todavía pueden leerse en la web. Ese año, el Incaa impulsó planes federales a través del otorgamiento de créditos a nuevos proyectos y subsidios para casi 300 largometrajes.

En 2014, el cine argentino finalizó con 172 estrenos y con más de 8 millones de entradas vendidas para ver producciones nacionales, superando en un 233% a las cifras de público de una década atrás.

Del 2010 al 2015, la industria nacional produjo además más de 5 mil horas de contenidos para televisión, inédito en la historia del Incaa. A lo largo de 2015, hubo más de 52 millones de espectadores, la cifra más alta de las últimas temporadas.

Ese año, el Incaa dispuso de 55 salas en todo el país, con 18.000 butacas y más de  90 festivales en todo el país.

El nuevo contexto

En 2016, la industria audiovisual acusó el impacto ante la caída de los principales indicadores de la economía. Mermó la venta de publicidades, se redujeron los puestos de trabajos (un 35%, según la estimación gremial) y muchas de las erogaciones que debía realizar el Incaa quedaron pendientes en medio de la “reorganización” del organismo.

A la decisión de frenar los pagos, medida que en parte se justificó por la etapa de “transición” del instituto, se le sumó la abrupta caída de las pautas comerciales, una combinación que generó un ahogo financiero en las pequeñas y medianas productoras, ya sean de ficción, documental o publicitarias.

"Se produjo una caída brutal de la producción de publicidades y no se invierte en comerciales nuevos. Eso es lo que más impactó. Hay mucho comercial traído de afuera. Antes también se importaban pero se producía acá. Ahora se frenó la producción local", explicó a fin de año Federico Prado, secretario de Derechos Humanos y Acción Social del Sindicato de la Industria del Cine (SICA).

Respecto al fomento para producir nuevos contenidos, desde la cámara rosarina denuncian que la producción de contenidos quedó "paralizada" en el último año y medio. “Lo que hizo la nueva gestión del Incaa fue ponerle un parate a todos los compromisos del anterior mandato con la idea de reorganizar los concursos.  Hasta que lo hicieron llevó un año, por lo que no se llamó a convocatoria en 2016. Recién se retomó este año, aunque  ahora con este lío hay riesgo de que todo se pare nuevamente”, explicaron las autoridades de Cepiar.