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Dilma está "indignada" por el juicio político en su contra

La Cámara de Diputados de Brasil, a instancias de su jefe, Eduardo Cunha, definió la apertura de un proceso de juicio polìtico contra la presidenta , Dilma Rousseff, por “irregularidades fiscales”. El procedimiento podría desembocar en la destitución de la mandataria. 

Rousseff se declaró "indignada" y aseguró que no existe ninguna base jurídica para el juicio político en su contra. "Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaró la líder brasilera en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto. 

A su vez, afirmó que no existe ningún "ilícito" en su gestión y aseguró que se trata de "acusaciones inconsistentes". También chicaneó a Cunha, acusado de haber ocultado cuentas con dinero de sobornos en Suiza, y dijo: "no tengo cuentas en el exterior".

Cunha acogió hoy favorablemente un pedido de juicio político  contra la presidenta Rousseff. El jefe de Diputados anunció su decisión pocas horas después de que la bancada paralamentaria del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) resolviera votar a favor de que se abra un proceso de destitución en su contra.

Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la base aliada del gobierno, se ha transformado en el principal impulsor de la destitución de Rousseff. El proceso contra el titular de la Diputados, que será votado la semana que viene en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, se basa en acusaciones contra el legislador de nexos con la red de corrupción que operó en Petrobras, y en que mantuvo cuentas secretas en Suiza por millones de dólares en las que depositó el dinero fruto de los sobornos obtenidos en la petrolera estatal.

Poco después de que se tomara esta decisión en su contra, el político del PMDB acogió el pedido de destitución de la presidenta presentado por dos renombrados juristas, Hélio Bicudo, uno de los fundadores del PT que luego se apartó de esa fuerza, y Miguel Reale Junior, ex ministro de Justicia durante el gobierno del opositor ex presidente Fernando Henrique Cardoso.

La presidenta brasilera enfrenta un intento de juicio político en su contra (EFE)

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

La petición aceptada hoy por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

Según la Constitución la acusación de juicio político contra la presidenta debe ser admitida, por último, por los dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir 342 votos positivos de un total de 513 miembros del cuerpo.

Por tratarse de un supuesto delito de "responsabilidad" la acusación, si es aceptado el proceso por la mayoría especial de la Cámara Baja, estará a cargo del Senado de Brasil, en donde la decisión final también se debe aprobar por dos tercios del cuerpo, es decir 54 de los 81 senadores que integran el Senado.

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