Cobertura universal: cómo les fue a países de la región que la implementaron

El Gobierno nacional pretende que todas las provincias se adhieran a la Cobertura Universal de Salud, un modelo en el que se desplaza el derecho de acceso a la salud (oferta) por un seguro que garantiza prestaciones (demanda). El sistema ya se implementó en varios países de la región. Los resultados están lejos de lo prometido

En julio de 2016, el Gobierno nacional avanzó mediante el decreto 908/2016 con la reforma del sistema de salud, con cambios estructurales promovidos desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Rockefeller, entre otros. Con el nuevo paradigma, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS), se busca que el Estado financie la demanda de salud -prepagas para la población en general- en lugar de la oferta  (centros de atención primaria, hospitales, clínicas, dispensarios, etc.).

La Casa Rosada promete "el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes” y que el nuevo modelo viene a resolver viejas falencias como la “fragmentación, un gasto siempre ineficiente y un acceso desigual a la atención médica”. En la otra vereda, médicos, académicos y gremios denuncian que busca instaurar “una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común, fundamental para todos los argentinos, como es la salud pública, universal y gratuita”.

En el medio del debate está las provincias que aún no adhirieron a la CUS, entre ellas Santa Fe, que defiende -tanto en la práctico como a nivel conceptual- el modelo que se busca enterrar. El gobierno que preside Miguel Lifschitz niega cambios en la salud pública local en caso de poner la firma. "No vamos a sufrir ningún impacto", aclaró el ministro de Salud Miguel González.

"Cobertura Universal” como término confuso

La médica y catedrática mexicana Asa Cristina Laurell explica que en América Latina hay dos modelos de salud en pugna, el Sistema Único de Salud (SUS), defendido por "gobiernos progresistas" y la Cobertura Universal de Salud (CUS), implementado por "gobiernos neoliberales". "Se trata de dos concepciones distintas y opuestas basadas en diferentes visiones del mundo y la sociedad", afirma.

La CUS, dice Laurell, apela a un valor social ampliamente compartido que es el de una cobertura que alcance a todos los ciudadanos. “Pocos pueden objetar que haya cobertura universal de salud, el problema es qué se entiende con ella”, aclara esta médica. A su juicio, la CUS es “un término ambiguo que dificulta detectar las intenciones detrás de él”, debido a que con un discurso “aparentemente pragmático se apela a la idea de que la falta de acceso es esencialmente un problema financiero”.

En esta idea de que la gente no recibe los servicios de salud requeridos porque no puede pagarlos y el Estado no los proporciona por falta de recursos, se propone un mecanismo para lograrlo: “el aseguramiento para pagar la prestación de servicios”.

“Esta separación es la condición necesaria para convertir los servicios de salud en una mercancía y la administración de fondos en una actividad financiero-comercial. También permite introducir la nueva gerencia pública en los servicios públicos de salud, que no es otra cosa que la promoción velada del sector privado”, subraya Laurell.

La instrumentalización de la CUS –concluye esta académica-- demuestra, por ejemplo, que en Colombia, México y Perú el modelo de aseguramiento “ha restringido el derecho a la salud y fortalecido la desigualdad e inequidad en el acceso a los servicios”.

Casos para tener en cuenta

En Colombia, la CUS se aplicó en 1993 a través de la Ley 100, que cambió las bases del sistema público de salud. Luis Ángel Villar, ex decano de la de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia), sostiene que esta reforma “exhibe un balance catastrófico”.

“La salud se ha sido convertida en mercancía y bajo el pretexto de la cobertura universal se halla en manos de la especulación del capital financiero, siendo norma que el Estado haya abandonado la salud pública y sus propias instituciones”, denuncia en sus últimas publicaciones.

En cobertura, el principal objetivo aparente de la Ley, los cálculos oficiales estiman que un 47% de la población permanece sin ningún tipo de aseguramiento. “Con el carné de asegurado en el bolsillo, resulta azaroso obtener atención oportuna para la enfermedad padecida, aún en situaciones de urgencia”, detalla.

Muchos hospitales públicos cerraron sus puertas como consecuencia de la transferencia de recursos al sector privado, se desmantelaron programas orientados a epidemias o virus específicos y se profundizó el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, entre otros “retrocesos”. 

“A la hora del balance si hay algo que resulte evidente es que la Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital financiero dedicado a la intermediación. Ningún negocio parece haber sido más productivo en el país durante este periodo que ser asegurador en salud, lo que ha ubicado rápidamente a estas empresas entre las que más se enriquecieron”, denuncia.

En México, al CUS se lo llamó “Seguro Popular” y se aplica desde 2004 bajo diferentes modalidades. Gustavo Leal Fernández, catedrático del Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, explica que aun cuando se alcance la anhelada “cobertura universal” (meta que está lejos) “resultaría entonces que toda la población sin seguridad social dispondría de un subsidio, aunque paradójicamente antes de la implantación del Seguro Popular esa población ya contaba con un derecho constitucional a la salud”.

“No hay ampliación integral de las intervenciones, ni se aprecia mejora alguna en la resolutividad médico-clínica, la calidad de la atención ha empeorado y los salarios de los equipos de salud se deterioraron”, enumera.

En su trabajo titulado “El impacto del seguro popular en el sistema de Salud mexicano (2013)”, Laurell concluye que “no hay aseguramiento universal en México y el porcentaje de población sin algún tipo seguro corresponde al 25%” y que se está lejos de garantizar el acceso a todos los servicios.

El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un documento muy crítico sobre la salud pública mexicana. “Seguro Popular no cubre los paros cardiacos para las personas mayores de 60 años ni las esclerosis múltiples, tampoco los cánceres de pulmón. De mismo modo, uno de cada tres afiliados no consigue sus medicinas debido a la carencia de los productos en las farmacias”, reza el texto.

Los resultados en Perú, otro país que apostó a la CUS, son similares en cuanto a que no aportaron los resultados prometidos. En 2013, se aprobaron 26 decretos legislativos para iniciar una reforma, la cual en resumen consistía en tres pilares: modernización, cobertura universal para toda la población y mejora de la gestión e infraestructura a través de las asociaciones público-privadas.

La cobertura universal se imaginó inyectando dinero al Seguro Integral de Salud (SIS), tercerizando la atención a través de privados y fomentando los seguros privados.

En la investigación “La reforma de salud de Perú: un análisis crítico”, el ex funcionario de la cartera de Salud, Carlos Alberto Gibaja Zapata, sostiene que las modificaciones implementadas por el gobierno de Ollanta Humala a partir de 2013 “constituyen una profundización de las reformas de corte neoliberal de la década el 90 orientadas a disminuir el gasto en salud para transferir recursos al sector privado”.

La última edición de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2014) arroja tres indicadores críticos en salud que sufrieron un fuerte retroceso en los últimos años: la baja cobertura de vacunación, el incremento de la anemia en los niños menores de 3 años y el aumento del embarazo en adolescentes. “Es un modelo construido para las minorías, que genera exclusión y rompe el derecho a la salud”, concluye el médico Zapata.

COMENTARIOS

*Los comentarios que integran esta discusión no representan la opinión de RosarioPlus. Son opiniones personales de los usuarios

Seguí leyendo