“Aún no tenemos conclusiones de la autopsia de Franco Casco”

Santiago Bereciartúa es abogado querellante en representación de la secretaría de DD.HH en la causa abierta por la muerte de Franco Casco, una investigación dilatada, entre otros motivos, por la falta de recursos para recolectar y examinar todas las pericias solicitadas

Franco Caso desapareció el 6 de octubre de 2014. Veintitrés días más tarde lo hallaron sin vida en el río Paraná, frente al Parque España. A 14 meses del hallazgo de su cuerpo, todavía no se logró determinar con exactitud el motivo de su deceso. Para Santiago Bereciartúa, abogado querellante en representación de la secretaría de DD.HH, la dilatación del expediente se explica, a rasgos generales, por “el valioso tiempo que se perdió en la recolección de las pruebas”.  Pero también por la falta de recursos y equipamientos en materia de investigación criminal, un déficit que la Fiscalía Regional admite en su último informe de gestión.  

“No puede ser que a esta altura no sepamos cómo murió Franco”, se queja el letrado en diálogo con Rosarioplus.com. Su relato da cuenta de graves deficiencias tanto por errores en las pericias realizadas, como por la demora de aquellas pruebas que se hicieron en el laboratorio de La Plata, uno de los institutos externos que utiliza la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción de Santa Fe ante la falta de infraestructura propia.

Bereciartúa señala que la autopsia que hizo el Instituto Médico Legal al cuerpo de Franco tuvo muchas falencias. Por tal motivo, y a pedido de la querella, se autorizó otra autopsia que se realizó a fines de junio fuera de Rosario.   

“Todavía estamos esperando las conclusiones. Se mandaron los laboratorios afuera y después de eso tenían que juntarse los médicos para analizar los resultados, para después sacar un dictamen. Eso todavía no se hizo. Hay fecha para fin de mes para que se junten todos los peritos. Todo muy lento”, afirma.

El abogado explica que para complementar el informe de la primera autopsia se tuvo que mandar una extracción de la médula ósea del cuerpo al laboratorio de La Plata para constatar la presencia o no de diatomea (algas microscópicas que pueden encontrarse en cualquier ambiente acuático), un estadio que se realiza para saber si la víctima murió ahogada.

“La extracción que se hizo de médula ósea fue una porción menor a la requerida para que la conclusión del estudio sea determinante. No sabemos por qué se extrajo menos médula de la que se necesitaba para el estudio. El informe dio negativo. No podemos determinar que no hay porque se extrajo menos muestra. Esto nos pone un manto de dudas sobre la primera autopsia”, detalla.

Bereciartúa recuerda que el médico que hizo la autopsia en el Instituto Médico Legal “trabajó durante más de 30 años en la policía”. “Con ese antecedente, que saque menos de lo que tendría que haber sacado, nos resulta al menos sospechoso”, desliza.

Las falencias que admite la Fiscalía

El cuarto informe de gestión de la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción de Santa Fe da cuenta de las dificultades con las que se trabaja en el área criminalística ante la falta de recursos tecnológicos y equipamiento. Dice el texto: “Se impulsaron en forma activa gestiones desde la Fiscalía Regional 2ª para la compra y puesta a punto de aparatos tecnológicos (cromatógrafo de gases y masa), aparatos de lectura de teléfonos celulares, microscopio de barrido y otro instrumental de calidad que permita en el futuro optimizar la tecnología en las investigaciones en las cuales existía y aun hoy existe un gran déficit”.

Para los fiscales, “la carencia de infraestructura y recursos humanos opera como circunstancia muchas veces insalvable para el éxito. Ante estas limitaciones, se utilizan instituciones ajenas a las del Ministerio Público de la Acusación, como los laboratorios de La Plata, Paraná, Santa Fe y FBI”. 

Bereciartúa sostiene que otro aspecto que “entorpece” causas como la de Casco o Gerardo Escobar, en las que se sospecha de la participación de la policía, es que no existe una fuerza paralela para investigar.  “Los propios fiscales reconocen que no tienen otra fuerza que la misma policía provincial para investigar. Este es un escollo. Si no hay una policía científica que esté por fuera de la estructura de la de Santa Fe, es difícil avanzar”.

Pone como ejemplo un “error de cálculo” en uno de los oficios librados para obtener las cintas de las cámaras de vigilancia tras la desaparición de Escobar. “El dueño de una de estas cámaras les dijo a los policías que no se las podía dar porque no se iba a ver nada porque la cinta se regrababa cada 15 días. Esta charla entre el dueño de la cámara y la policía pasó a los 14 días de la desaparición de Escobar. Los policías se dieron media vuelta y se fueron. El dueño se equivocó en la cuenta. Esa cámara podría haber tenido algo”, subraya.

La autopsia de Pichón también es otro tema de discordia entre los abogados de los imputados y la querella, debido a que aún faltan resultados de pruebas que pueden arrojar claridad sobre si la víctima fue torturada. “Sus testículos estaban fuertemente inflamados, eso es compatible con la tortura. Como algunos decían que esta evidencia no era concluyente, se decidió hacer nuevas pruebas. De esas pericias todavía no tenemos los resultados”, concluye el letrado.   

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