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Arrancó la Junta de Seguridad, con jueces y opositores adentro

El gobernador Lifschitz encabezó la primera reunión de la mesa en la que los tres poderes del Estado y los partidos de la oposición deben definir políticas “contra la inseguridad, el narcotráfico y la impunidad”. Así involucra a las usinas críticas de un tema tan urticante en un lugar de toma de decisiones

El gobierno estrenó este viernes la Junta Provincial de Seguridad que Miguel Lifschitz había preanunciado antes de asumir, en un intento por sentar al oficialismo y a la oposición, y a los tres poderes del Estado en torno a un espacio común que discuta y genere políticas públicas en la materia. En esta primera reunión que se realizó por la mañana en la sede de Gobierno, en Santa Fe, se fijaron prioridades: completar las vacantes en la plantilla de fiscales y personal del Ministerio Público de la Acusación, activar el funcionamiento de la Policía Judicial, y apurar aspectos de la meneada “reforma policial”.

“Los tres poderes hemos plasmado el compromiso de trabajar de manera articulada en pos de una verdadera política de Estado para coordinar las acciones y enfrentar el flagelo de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico”, dijo Lifschitz al término de la junta que transcurrió durante dos horas. Participaron el vicegobernador, Carlos Fascendini; y varios ministros con competencia en el asunto, también el jefe de la Policía de la provincia, Rafael Grau.

Por el Poder Judicial acudieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; el procurador General del Alto Tribunal, Jorge Barraguirre; y el fiscal general del MPA, Julio De Olazábal; y los regionales Jorge Nessier, Jorge Baclini, Alejandro Sinopoli, Eladio García y Carlos Arietti.

Desde el Poder Legislativo asistieron los senadores Emilio Jatón (Frente Progresista Cívico y Social) y Armando Traferri (Frente para la Victoria),  y los diputados provinciales Rubén Galassi (FPCyS), Raúl Fernández (Propuesta Republicana- PRO), Leandro Busatto (FPV), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y María Victoria Tejeda (Unión Cívica Radical).

Las prioridades de la nueva Junta quedaron resumidas en “completar la estructura del Ministerio de la Acusación con algunos fiscales y personal de apoyo pendiente y poner en marcha definitivamente la policía judicial que es un extraordinario avance que ya tiene marco legislativo pero que ahora hay que implementar”.

Otro punto acordado fue mejorar el funcionamiento de la Policía y las reformas que están en  marcha en el sistema policial y, por otro lado, “un conjunto de proyectos legislativos que necesitan ser sancionados y que vamos a analizar probablemente en la próxima reunión en febrero”.

Lifschitz explicó en febrero buscarán evaluar la situación de la justicia Penal, la Policía y de las leyes que están en tratamiento legislativo y que todavía no han obtenido sanción, “de manera tal que podamos comenzar a trabajar en un plan concreto de avance de la política de seguridad en la provincia”.

Los objetivos, apuntó el flamante gobernador, son de “menores índices de violencia, con menores niveles de narcotráfico con mayor efectividad de la justicia, sin impunidad”.

 

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