Dos años después de la peor catástrofe que registra Rosario en su historia, de aquella tristeza colectiva que dominó a la ciudad en los días posteriores a las 9.38 de aquel martes soleado hoy queda un recuerdo de estigma en las conversaciones que vuelven a la pesadilla, y en los deudos de las 22 víctimas, la herida todavía abierta por un proceso judicial que –lo sabían de antemano– les sabría a poco castigo para los responsables de tamaña calamidad.

Se cumplen hoy dos años de aquel zumbido extraño que oyeron en la cuadra y que provenía de la torre de tres alas de Salta 2141, la fuga de gas que precedió al gasista Carlos García y a su ayudante Pablo Miño corriendo hacia la esquina para atajar el tránsito: “¡Váyanse que explota todo!”. Y lo que siguió fue el estampido inolvidable, el que se escuchó a varias cuadras, el que desintegró el ala central del edificio y demolió en un santiamén 18 de los 64 departamentos.

Al cabo de una semana de búsqueda entre los escombros, la cifra de muertos se detuvo en 22 personas, todos residentes en la torre siniestrada. Ellas fueron:

Hugo Montefusco (56 años), María Ester Cuesta (92 años), Carlos López (40 años), Adriana Mataloni (57 años), María Emilia Elías (28 años), Estefanía Magaz (21 años), Domingo Oliva (76 años), Roberto Perucchi (68 años), Teresita Babini (67 años), Florencia Caterina (27 años), Soledad Medina (31 años), Juan Natalio Penise (73 años), Débora Gianángelo (20 años), Federico Balseiro (30 años), Maximiliano Vesco (29 años), Maximiliano Fornarese (34 años), Eraselli Clides Ceresole (78 años), Ana Rizzo (65 años), Lydia D’Avolio (86 años), Luisina Contribunale (34 años), Santiago Laguia (25 años) y Beatriz López (65 años).

Además, hubo 62 personas hospitalizadas con heridas diversas, y daños materiales en toda la cuadra, incluso en las adyacentes al epicentro de la deflagración. Una vez que se relevaron los daños y se activó el proceso de resarcimientos económicos a los propietarios –un juicio civil que todavía no culminó- la provincia dispuso la demolición del edificio en ruinas, incluidas unas viviendas linderas.

La tragedia movilizó a la ciudad. Por esas horas, fue ostensible la consternación general que se tradujo en solidaridades varias expresadas en alrededor de la “zona cero” en la que trabajaron día y noche cientos de bomberos y rescatistas. En los primeros meses los familiares de las víctimas lograron una adhesión masiva a sus marchas de silencio y reclamo de justicia.  Ese dolor se convirtió en Tribunales en el expediente 1027/13, que primero instruyó el juez correccional Juan Carlos Curto y luego la jueza Irma Billotta, y que impulsó la fiscal Graciela Argüelles. En concreto, hay 11 acusados y procesados por el delito de estrago culposo agravado, una figura penal que depara entre 1 mes y 5 años de prisión. Esta pena cabe tanto si en el estrago murió una sola persona o 1000, por lo que la fiscal Argüelles ha llegado a lamentar esa característica de la ley y opinó que debería modificarse esa parte del Código Penal.

En la última semana de julio, Argüelles consideró agotada la investigación y pidió a Bilotta que la eleve a un juzgado de Sentencia para realizar el juicio que defina las sentencias. Los que irán a juicio son el primer gasista que intervino en la cañería averiada y malograda hasta provocar la deflagración José Luis Allala. También los que llegaron diez días después de éste y que estaban trabajando en el regulador el día del suceso, los mencionados García y Miño; y los administradores del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, que contrataron a los trabajadores y ordenaron qué materiales usar. También están en la misma condición cinco empleados de Litoral Gas: los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe técnico, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica, Viviana Leegstra. Esta es la involucrada de mayor rango. Los familiares exigen ampliar el abanico de responsables en la empresa hacia arriba en la escala de responsabilidades.

Precisamente, los procesados de Litoral Gas intentaron evitar llegar a juicio y plantearon un recurso extraordinario ante la Justicia Federal que resultó denegado. 

Con cada aniversario, el destino del solar de Salta 2141 es motivo de polémica. En la última semana, la intendenta Mónica Fein se pronunció a favor de erigir allí una plaza memorial. Pero también se sabe que otros frentistas y hasta los comerciantes de la cuadra que eligieron empezar de nuevo allí mismo quieren dejar atrás la pesadilla y habilitar el hueco a los lobbistas de constructoras que con disimulo han sondeado el expediente y el clima para imaginar una nueva torre en el lugar. La sola mención de esa posibilidad espanta a los deudos de las 22 víctimas.