El edificio de Tribunales será hoy a las 17 el epicentro de la convocatoria rosarina de la cuarta marcha nacional contra la violencia institucional. "Ni un pibe menos por el gatillo fácil, ni una bala más, el Estado es responsable", reza la consigna con la que invitan distintas organizaciones defensoras de derechos humanos.

En las redes sociales circula la convocatoria lanzada por Eduardo Campos y Juana Benavidez, familiares de David Campos, que murió en junio pasado junto a su amigo Emanuel Medina bajo las balas policiales luego de una feroz persecución que empezó en barrio Saladillo y culminó en Callao y Arijón.

La marcha en Buenos Aires irá desde el Congreso a Plaza de Mayo, y también habrá otras en las principales ciudades del país con el objetivo de denunciar los excesos -en muchos casos, fatales- del accionar de las fuerzas de seguridad. En el llamado se suman familiares de víctimas de torturas, presos políticos, desapariciones forzadas y gatillo fácil, “contra  la reforma del código penal, la implantación de la doctrina Chocobar y la inclusión de las fuerzas armadas genocidas en la seguridad interna”.

Según plantean los familiares de víctimas de gatillo fácil, “el Estado dio un salto en el nivel de represión, buscando imponer la idea de un enemigo interno con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, y la criminalización de Jones Huala, actualmente en huelga de hambre y que atraviesa juicio tras juicio de extradición a Chile donde buscan condenarlo por terrorismo”.

El caso de Ema y David

El 23 de junio de 2017, a las once de la mañana, un grupo de policías en patrulleros persiguió durante 35 minutos, desde Grandoli y Gutiérrez hasta Callao y Arijón, a un auto que había evadido un control. Alejandro Emanuel Medina, conducía el automóvil, y David Ezequiel Ocampo iba de acompañante. El amplio operativo finalizó cuando el vehículo particular fue chocado desde atrás por una chata policial y luego se estrelló contra un árbol en la esquina de Callao al 5700. Luego, los dos jóvenes fueron acribillados a tiros. Murieron en el acto.

El hecho fue visto en un primer momento como un enfrentamiento, pero ningún integrante de la fuerza policial que participó del suceso sufrió heridas. La causa, a un año de su inicio, tiene dos imputaciones por homicidio calificado por el cargo para los oficiales Lionel Emiliano Mendoza y Alejandro Bustos. Ambos se encuentran detenidos, esperando el juicio.

Otras 16 imputaciones fueron por encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del delito y por tratarse de funcionarios públicos. Son 6 los policías que tienen arresto domiciliario y el resto espera en libertad el juicio programado, en principio, para el primer semestre del 2019.