La escuela primaria San Luis Gonzaga, en Carrasco al 2500, suspendió las clases por este jueves tras el estupor causado por una ráfaga de disparos prodigada anoche contra el edificio contiguo donde funciona la comisaría 20ª de Policía. Y como se constituyó en el tercer establecimiento escolar impactado por la violencia urbana en los últimos días, el sindicato que agrupa a los docentes de enseñanza privada, Sadop, pidió “reunión urgente” con autoridades del Ministerio de Seguridad. Reclaman medidas concretas ya que cuentan con vigilancia pero no es suficiente, y buscan garantías para volver a clases con normalidad este viernes.

En ese contexto, el referente sindical Martín Lucero confirmó que “hay presencia de Gendarmería y policial, pero evidentemente esperaron el momento de rotación (de patrullaje) para volver a dar estas amenazas que impactan directamente a la comunidad educativa”.

Indicó que tras el ataque pasadas las 20 del miércoles, la decisión de los docentes fue de suspender por hoy las clases preventivamente”, y entonces confirmó que “hoy se van a reunir las autoridades de la escuela con el Ministerio de Seguridad”.

Destacó que “los docentes están muy preocupados y si el Estado no le pone freno, la gente vive con miedo”, entonces “están dispuestos a volver a dictar clases pero algo hay que resolver”.

El reclamo desde Sadop engloba los ataques a balazos a las instituciones escolares pero también a robos a alumnos y docentes en inmediaciones y dentro de varias escuelas. 

En sintonía con los reclamos promovidos desde Amsafé Rosario el pasado martes cuando se realizó un acto en la Plaza San Martín bajo la consigna “queremos educar y trabajar en paz”.

Era un ataque previsto en el barrio

La comisaría atacada en cuestión es una de las que justamente amaneció con un vallado la semana pasada tras las amenazas, y varias familias anoticiadas, sacaron a sus hijos del cursado esta semana, previendo lo que finalmente ocurrió este jueves, un ataque con un resultado de cinco balazos en la comisaría.  

Lucero recordó que “ya en ese barrio había rumores de que la comisaría estaba amenazada, y ya el martes pasado varios padres se presentaron en la escuela a retirar a los chicos por los rumores”.

“Lo peor que puede pasarnos como sociedad es naturalizar estos hechos", sentenció Lucero, y agregó: “Es inconcebible que la comunidad educativa tenga miedo de ir a la escuela, que niños, niñas, adolescentes, maestros, maestras, profesores, personal directivo, personal no docente y familias, tengan miedo de ir a un establecimiento escolar ante la eventualidad de sufrir un hecho de inseguridad, un hecho de violencia; y ayer tuvimos dos. Evidentemente la política no funcionó”.

Desde Sadop Rosario además sostienen que  “ya no alcanza con la saturación policial; debe dar respuestas el gobernador, los responsables del Poder Judicial, los responsables del Poder Legislativo y si es necesario que vengan a vivir a los barrios para garantizar que la gente vaya a la escuela. No hay otra solución. Si el Estado no tiene presencia, la presencia las tiene las bandas criminales y si las bandas criminales son quienes comandan el territorio, la educación se vuelve un derecho ilusorio porque nadie va a poder ir a la escuela”.