Ya no cabe duda de que Chile se encuentra sumido en una espiral de cambio. El resultado final no puede preverse con exactitud, pero si hay pautas claras de que una gran renovación está en marcha.

El resultado de las elecciones del domingo 16 de mayo ofrece algunos indicadores contundentes al respecto, de los cuales los más relevantes son los que siguen. La irrupción de los candidatos independientes, que se quedará con 48 de las 155 bancas de la Asamblea Constituyente. El avance de agrupaciones políticas pertenecientes a la izquierda del espectro ideológico como el Partido comunista y el Frente Amplio, que cuenta con sólo dos años de existencia. El contundente retroceso electoral de los partidos políticos tradicionales, especialmente de la coalición de derecha que llevó a Sebastián Piñera a la presidencia. La presencia asegurada de los pueblos originarios, que carecen de un reconocimiento explícito en el texto constitucional actual pero contarán ahora con un cupo reservado de 17 bancas en la Asamblea Constituyente. Y la paridad entre hombres y mujeres en dicha Asamblea, algo inédito en el mundo.

Crónica de un cambio inevitable

Lejos de aquel proclamado modelo a seguir que Chile suponía para sus vecinos latinoamericanos, a finales de 2019 se produjo un estallido popular que sacudió al país. Con al menos 21 muertos y más de 2 mil heridos, el gobierno conservador de Sebastián Piñera se vio obligado a las pocas semanas a acordar la redacción de una nueva Constitución, destinada a reemplazar a la actual que data de 1980 y fue elaborada en
plena dictadura de Augusto Pinochet. Fue una medida destinada a aplacar la ira de los manifestantes, pero abrió una imprevista ventana para el cambio a la que pronto se sumaría otro elemento desestabilizador sin precedentes: la pandemia de Covid-19.

La combinación de ambos factores condujo al desenlace del pasado domingo, del cual puede concluirse que Chile se dirige a hacia algo nuevo -aunque impreciso aún-, pero que seguramente incluirá quitarse de encima la rémora autoritaria del pinochetismo, un fuerte
cuestionamiento a la conducción de la economía, un reacomodamiento del sistema de partidos políticos, y la activación política de sectores históricos y culturalmente postergados. En definitiva, una reconfiguración del sistema político.

Los ya electos convencionales constituyentes independientes, prometen cambios progresistas radicales. Aquellos otros que están aglutinados en los dos frentes de izquierda (denominados “Apruebo Dignidad” y “Apruebo”) parecen orientados en la misma dirección. En conjunto, los independientes y la izquierda superan los dos tercios de los 155 escaños que tendrá la Convención. Por su parte, la suma de las agrupaciones de derecha, integradas en la coalición “Vamos por Chile”, solo logró 37 bancas, menos de un tercio del total, lo que presagia su irrelevancia en una Asamblea que requiere una mayoría de dos tercios para aprobar cada propuesta.

En el caso de los pueblos originarios, que contarán con una representación por cupo, se espera que impulsarán también cambios decisivos. La mayoría de sus demandas son de corte progresista, tales como crear un Estado plurinacional y obtener garantías territoriales.

Algunas de las ideas más polémicas adelantadas por constituyentes independientes incluyen medidas redistributivas tales como cambios en los derechos de posesión de tierras y agua, así como nuevas regulaciones laborales. Se trata de cambios sustanciales respecto del pregonado “modelo chileno” defendido por la derecha y definido por décadas de férrea economía de mercado y privilegios para los sectores más acomodados de la sociedad chilena, avalados por la Constitución vigente.

La injusticia social abajo de la alfombra

El promocionado "modelo chileno" que tan bien funcionaba macroeconómicamente escondía profundas injusticias sociales debajo de la alfombra. Chile es la segunda nación con mayor índice de desigualdad de las 37 que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por detrás de Costa Rica. La prestación de servicios sociales en el país está vinculada casi por completo a los ingresos de cada ciudadano, algo que funciona en los hechos como un instrumento de perpetuación de las jerarquías económicas. Por otra parte, la Constitución actual no garantiza el derecho a la igualdad de la mujer en el matrimonio y estipula la protección de la vida por nacer, una cláusula que ha impedido el acceso al aborto legal y seguro en el país.

Un estudio realizado en 2017 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que “la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además de los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas ”.

En su esencia, ese fue el origen de las protestas en 2019. La gran mayoría de la población padecía silenciosamente un sistema muy bien promocionado en el exterior, muy injusto en su esencia y que fue sostenido en el tiempo gracias al alto grado de disciplinamiento - léase miedo- que durante los 17 años de dictadura pinochetista se inoculó en la población.

El recambio generacional fue un factor fundamental para comprender por qué el reclamo de cambio se produjo ahora. No es casual que los distintos gobiernos democráticos de la última década hayan tenido que enfrentarse con reclamos provenientes de los estudiantes. Una vez más, la juventud se irguió como vehículo del cambio.

Algunos analistas consideran que la elección para la Asamblea Constituyente representó un colapso para la derecha. Pero ese podría ser un análisis parcial. Las “derechas” y las “izquierdas” siempre pueden reconfigurarse y resurgir. Podría tratarse más bien del colapso de una manera de hacer política en Chile, o de una manera de aplicar una política económica con un aval político irrestricto o -peor aún- de la política puesta al servicio de la economía.

De todas maneras -y por motivos y caminos diferentes- lo que sucede en Chile no parece un fenómeno exclusivo de ese país. Otros dos se mantuvieron incólumes durante la “ola progresista” que cubrió Sudamérica en la década pasada: Perú y Colombia. Perú se aproxima a un ballotage que podría encumbrar a un maestro de izquierda en la presidencia. Colombia atraviesa una revuelta popular que no se sabe una ciencia cierta como culminará.

En lo que a Chile respeta, habrá que esperar las conclusiones de la Asamblea Constituyente en 2022 para tener una noción cabal de qué forma le darán estos vientos de cambio a un país que sin dudas será distinto.