El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, expresó su preocupación por el traslado de Milagro Sala a la prisión Alto Comedero, en Jujuy, luego de que se le revocara el beneficio de prisión domiciliaria. En ese sentido, lo calificó como un “traslado intempestivo” y afirmó que la situación implica un “retroceso".

“Lo veo con mucha preocupación. Como Comisión dictamos una medida cautelar que planteaba la necesidad de que tuviera una situación distinta a la prisión, como el arresto domiciliario o un arresto con vigilancia”, dijo Eguiguren en declaraciones a FM La Patriada.

En ese marco, el titular de la CIDH dijo que el tema se analizará durante la reunión de trabajo que se pautó en el marco del período de sesiones que el organismo mantendrá en Montevideo, Uruguay, entre el próximo 23 y 27 de octubre.

Desde la organización Tupac Amaru, en tanto, aseguraron que el operativo fue "absolutamente ilegal" y que el traslado se realizó en "autos sin patente" luego de que "irrumpieran en el domicilio y, por la fuerza, se la llevaran en pijama y descalza".

Por su parte, la abogada defensora de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó su "preocupación" por el hecho y denunció al presidente Mauricio Macri; al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al juez Llermanos de ser "responsables de la vida" de la líder de la Tupac Amaru.

En una rueda de prensa realizada este sábado al mediodía en la sede porteña del CELS, la abogada -ex candidata a diputada porteña en las PASO por Unidad Ciudadana- explicó que Sala había solicitado a sus abogados el miércoles pasado que le gestionaran una consulta en una clínica privada por padecer trastornos gastrointestinales.

"Por ley los detenidos están autorizados a pedir atención médica privada", señaló la abogada al relatar que ayer unos "50 policías llegaron a su casa sin previo aviso para decirle que debía ir al Hospital Pablo Soria para realizarse estudios, a los que ella se negó argumentando que no había sido notificada y que estaban dispuestos estudios en un centro privado".

Además denunció que "hombres con las caras tapadas y con itakas, se hicieron presentes de modo violento, le tiraron la resolución al suelo, la golpearon, la esposaron y empujaron a su marido".

Sala había sido trasladada el 31 de agosto desde el penal a su casa del barrio La Ciénaga, a unos 30 kilómetros de la capital San Salvador de Jujuy, luego de la resolución de la CIDH que recomendó a la justicia jujeña que adopte "medidas alternativas a su detención en el penal de mujeres de Alto Comedero" por considerar que corría riesgo su vida.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó a fines de septiembre el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó su traslado nuevamente al penal, decisión que se mantenía en suspenso a raíz de un recurso presentado por la defensa de la dirigente.