Algo de historia

En 1993 se firmó un pacto fiscal en la marco de la aprobación de la reforma jubilatoria que hizo lugar a la creación del sistema de capitalización vigente desde el 1 de julio de 1994. Entre otras cláusulas, las provincias renunciaron a un 15% de los fondos que se coparticiparan desde la firma en adelante, con el fin de atender el déficit que tenía ANSES, con el agregado de la creación de un programa de armonización consistente en unificar los sistemas jubilatorios subnacionales con el sistema único nacional. Este último acuerdo se hizo parcialmente y varias administraciones quedaron con sus sistemas, como el caso de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que siguen teniendo sus propias cajas de jubilación. El reclamo que formalizaron en su momento las provincias de Santa Fe y San Luis, el cual desembocó en un fallo a favor de ellas, forma parte de esta compleja saga. El tema que se instaló fue doble: por un lado, cesar en la retención del 15% desde allí en adelante; por otro, recuperar todo o parte de las detracciones sufridas desde 1993, considerando los plazos de prescripción. Hubo -en medio de este largo proceso- cambios en la situación de ANSES, la vuelta al estado de la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones, los cuales fueron administrados por las AFJP’s hasta noviembre de 2008, un pasaje del déficit al superávit en la situación de la entidad, un cambio de comportamiento en el ciclo económico, la pérdida de dinamismo de la situación en las provincias lo cual resintió las finanzas de los gobiernos homólogos, entre otros.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

El 12 de julio de 2007 se publicaba el Decreto 897, creando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, inicialmente constituido por depósitos a plazo fijo a nombre de ANSES. El objetivo declarado fue tener un fondo anticíclico que sea de utilidad para las emergencias, la caída de la recaudación y otros. El 20 de noviembre de 2008 sería sancionada la Ley 26.425 que –modificando la Ley 24.241- disolvía el régimen de capitalización, creando el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La cartera de activos financieros que administraban las AFJP’s pasaban entonces a ser administrada por ANSES haciendo crecer significativamente el FGS. El sistema privado estaba –en el momento de la reforma- en situación de colapso, por la caída estrepitosa de las cotizaciones tanto de títulos públicos como privados en el marco de la crisis hipotecaria con epicentro en Estados Unidos. El riesgo de ver disuelto el fondo de jubilaciones y pensiones era una hipótesis con alto grado de probabilidad de ocurrencia, fruto de las pérdidas acumuladas durante el 2008. La reforma, lejos de representar un robo a los jubilados y/o de apropiación de los fondos de propiedad de estos por el gobierno kirchnerista, fue fácticamente un salvataje, de lo contrario los primeros meses de 2009 habrían visto disolverse en el aire al conjunto de “ahorros” registrados en las respectivas cuentas de capitalización. El FGS no recibió nuevos aportes significativos, se trata de la misma cartera de activos financieros que administraban las AFJP’s con el agregado de una parte de las rentas financieras percibidas y las emergentes de la financiación de un conjunto de programas de promoción de inversiones productivas como el PROCREAR. Nunca el gobierno anterior se detuvo a analizar qué era exactamente el FGS porque se trataba de un activo no utilizable para atender obligaciones repetibles en el tiempo. No se podía utilizar para dar aumento de jubilaciones y pensiones sino para otorgar determinados beneficios por única vez o atender parte de los litigios por diferencias en la liquidación de haberes, o para constituir fondos de financiación con fines determinados. Al 31 de marzo de 2016, última información publicada por ANSES, el FGS estaba compuesto del modo en que se muestra en el cuadro.

 

La devolución ofrecida

Según la información de prensa disponible, el gobierno nacional ofreció cancelar una suma aproximada a los 92,5 mil millones de pesos al conjunto de las provincias argentinas. El pago se haría desde el presente año 2016 hasta el 2019. De aquí a fin de año se devolvería el 40%, esto es 6% del 15% retenido, y el 60% en 2017, 2018 y 2019. La suma a girar a las provincias en 2016 sería de unos 37 mil millones de pesos, en seis cuotas. La sorpresa es que la fuente de financiamiento para atender este compromiso sería el FGS. Qué parte, cómo, en qué condiciones, bajo que modalidades contractuales, por ahora es una incógnita. Lo previsible es que una reducción de 37 mil millones de pesos equivale al 5,1% del FGS lo cual no pareciera afectar la integridad del mismo, aunque el efecto será sensiblemente diferente según fuera el tipo de activo financiero que se utilice para cancelar los compromisos. Nada será gratis porque dado que el déficit fiscal conjunto de las provincias para 2016 se estima en 95 mil millones de pesos, aproximadamente, tratándose de una suma similar a la que se girará por devolución del 15%, las provincias suscriptoras del acuerdo probablemente se vean obligadas por él a ajustar sus cuentas y resolver sus déficit sin colaboración nacional o utilizando para tal fin las acreencias cuya devolución se anunció. Y el efecto del uso de una porción del FGS puede ser diverso porque a las provincias no le sirven papeles sino dinero para atender sus obligaciones con lo cual una venta masiva de tales activos financieros puede hacer caer las cotizaciones de los mismos en los mercados secundarios. Si fueran las acciones de sociedades anónimas, los accionistas de ellas tendrían la brillante oportunidad de recomprarlas a cotizaciones sensiblemente inferiores a las actuales.